En política, 34 horas pueden ser suficientes para cambiarlo todo.

Eso fue prácticamente lo que duró el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, después de permanecer 112 días separado del cargo en medio de investigaciones y señalamientos que desde hace meses mantienen su nombre en el centro de la polémica nacional.

El viernes 21 de agosto, Rocha anunció que retomaba el gobierno de Sinaloa. Su argumento fue contundente: durante su licencia se había puesto a disposición de las autoridades mexicanas y, según sostuvo, no existían elementos que acreditaran su participación en alguna conducta delictiva.

Parecía dispuesto a cerrar el capítulo.

Pero ocurrió exactamente lo contrario.

Su regreso abrió una crisis política que rápidamente dejó de ser exclusivamente sinaloense para convertirse en un problema nacional para Morena.

La Secretaría de Gobernación marcó distancia y aclaró que la reincorporación había sido una decisión personal. También recordó algo fundamental: las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República relacionadas con las personas señaladas desde Estados Unidos continúan abiertas.

Después vino Morena.

La dirigencia nacional aseguró que no había sido informada previamente sobre el regreso del gobernador. Ricardo Monreal le pidió públicamente reconsiderar su decisión y gobernadores emanados de la Cuarta Transformación cerraron filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entonces llegó el mensaje que terminó de modificar el escenario.

Sin mencionar directamente a Rocha Moya, la presidenta escribió que ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo y de la Nación.

En política pocas veces hacen falta nombres cuando el destinatario del mensaje parece tan evidente.

Horas después, Rocha reculó.

El mismo gobernador que apenas un día antes había regresado asegurando hacerlo con la frente en alto solicitó nuevamente licencia, ahora con carácter indefinido.

Treinta y cuatro horas.

Eso bastó para pasar del regreso triunfal al aislamiento político.

Y quizá ahí se encuentra la parte más importante de esta historia.

El caso Rocha Moya ya no solamente representa un problema jurídico. Se convirtió en una prueba política para Claudia Sheinbaum y para Morena.

Desde Estados Unidos existen graves señalamientos contra el gobernador y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Rocha los ha rechazado y, mientras no exista una sentencia, debe prevalecer la presunción de inocencia.

Pero políticamente el escenario es diferente.

Porque una cosa es la responsabilidad penal y otra muy distinta la responsabilidad política.

Sinaloa lleva demasiado tiempo atrapado entre violencia, enfrentamientos, incertidumbre económica y una crisis institucional que ha colocado al estado permanentemente bajo los reflectores nacionales e internacionales.

Por eso el regreso de Rocha difícilmente podía tratarse como si nada hubiera ocurrido.

Y Morena parece haberlo entendido.

El mensaje enviado este fin de semana resulta particularmente interesante rumbo a 2027: la marca política puede comenzar a colocarse por encima de los nombres.

Durante años, la disciplina dentro de Morena consistió principalmente en cerrar filas. Hoy, desde Palacio Nacional parece comenzar a dibujarse otra regla: cuando un personaje representa un costo demasiado alto para el movimiento, el respaldo ya no necesariamente será automático.

Rocha Moya lo comprobó en apenas 34 horas.

Todavía falta conocer qué resolverán las investigaciones mexicanas, qué pruebas presentará Estados Unidos y cuál será finalmente el destino jurídico del gobernador.

Pero políticamente algo ya ocurrió.

Rubén Rocha regresó creyendo que podía recuperar la gubernatura.

Y terminó descubriendo que el verdadero poder no estaba en el despacho al que acababa de regresar.

Nancy Blancas

Punto y Aparte