En noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Nacional del Maíz Nativo, una decisión que no sólo reconoce a nuestra semilla originaria como raíz de la identidad nacional, sino que la coloca en el centro de la estrategia para recuperar la soberanía alimentaria. No se trata de una declaración simbólica: es una definición política que devuelve al campo el lugar que nunca debió perder.

Formar parte del Grupo Consultivo de este Plan es, para mí, un alto honor y una responsabilidad histórica. Este órgano, en el que convergen voces comprometidas como Jesusa Rodríguez, María Luisa Albores González y Arturo Turrent, tiene la tarea de acompañar a la presidenta en la definición de políticas públicas que protejan y fomenten el maíz nativo, su diversidad genética y su profundo vínculo cultural con nuestros pueblos.

El maíz no es una mercancía más. Es historia viva, es territorio, es comunidad. Durante décadas, México —cuna del maíz— permitió la erosión de su soberanía alimentaria al depender crecientemente de importaciones y al abrir la puerta a modelos productivos que ponen en riesgo nuestras semillas criollas. Frente a esa amenaza, levantamos la voz para defender el carácter biocultural del maíz y para impedir la imposición de transgénicos y organismos genéticamente modificados, así como como técnicas de edición genética, que comprometen la biodiversidad y la autonomía campesina.

Hoy, el gobierno de la República ha definido una ruta distinta: fortalecer la producción nacional, respaldar a pequeños y medianos productores, impulsar prácticas agroecológicas y revalorar el sistema milpa —maíz, frijol y calabaza— como modelo sostenible que durante siglos ha garantizado alimento y equilibrio ambiental.

Para Tlaxcala, esta decisión tiene un significado especial. Nuestro estado, pequeño en territorio pero grande en tradición agrícola, conserva variedades de maíz nativo que son patrimonio de nuestras comunidades. En cada parcela de Ixtenco, Españita, Huamantla o Altzayanca, hay familias que resguardan semillas heredadas por generaciones. Ellas y ellos no sólo producen alimento; resguardan memoria y futuro.

La presencia de una senadora tlaxcalteca en el Grupo Consultivo significa que la voz del campo de nuestro estado llega directamente a la mesa donde se diseñan programas y presupuestos. Significa que podemos impulsar apoyos concretos para mejorar la productividad sin sacrificar identidad; que podemos gestionar capacitación técnica para transitar hacia prácticas más sustentables; que podemos fortalecer esquemas de comercialización justa para que el precio pagado al productor sea digno y competitivo.

El Plan Nacional del Maíz Nativo abre la posibilidad de articular esfuerzos entre federación, estados, academia y comunidades para garantizar semillas certificadas de origen nativo, bancos comunitarios de germoplasma, investigación científica con enfoque social y cadenas cortas de comercialización. En términos prácticos, esto puede traducirse en mejores ingresos para las familias campesinas, menor dependencia de insumos externos y mayor resiliencia ante el cambio climático.

Pero, sobre todo, este esfuerzo devuelve centralidad al campesinado. Durante mucho tiempo, las políticas públicas trataron al productor como beneficiario pasivo. Hoy la visión es distinta: las y los campesinos son sujetos estratégicos del desarrollo nacional. Para decirlo claro: sin campo no hay nación; sin maíz no hay México.

La defensa del maíz no es una causa coyuntural. Es una lucha permanente por nuestra identidad, por la dignidad del trabajo rural y por la capacidad de decidir qué comemos y cómo lo producimos. En Tlaxcala sabemos que la milpa no sólo alimenta el cuerpo, sino también la cultura comunitaria y la solidaridad entre vecinos.

Asumo esta encomienda con la convicción de que sembrar maíz nativo es sembrar soberanía. Y que cada surco que se abra en nuestra tierra tlaxcalteca será también un surco de esperanza para las nuevas generaciones.

Ana Lilia Rivera Rivera

Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala