El jueves 27 de noviembre, el Senado de la República recibió la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual fue aceptada por el Pleno con 74 votos a favor y 22 en contra.

Mucho se ha escrito sobre esta renuncia. Voces críticas señalan que detrás de ella hubo presiones gubernamentales. En términos objetivos, sin embargo, no fue así. Tal visión representa sólo una cara de la moneda, que hace necesario ver la otra.

Viéndola desde una perspectiva institucional, la renuncia de Gertz Manero es un acto legítimo, conforme al marco legal existente. Además, la renuncia pasó por todo un procedimiento legal: se presentó la carta, fue sometida a consideración, fue votada por el Pleno y fue aprobada. Es decir, se respetó el procedimiento tal y como lo establece la Constitución Política federal.

Ante la aceptación de la renuncia por parte del Senado, la Junta de Coordinación Política aprobó una convocatoria para nombrar a un nuevo fiscal, por lo que desde el viernes 28 de noviembre inició la recepción de solicitudes a ocupar la titularidad de esta institución autónoma. El registro concluirá este domingo a las 13:00 horas.

Así, será el martes 2 de diciembre cuando la Junta de Coordinación Política lleve a cabo la verificación de los expedientes de las personas que presenten sus candidaturas, y seleccionará a diez personas para que la Mesa Directiva ponga esa lista a consideración del Pleno del Senado. En su momento, una vez analizada por parte de la titular del Poder Ejecutivo, remitirá una terna para de ésta designar a un nuevo fiscal.

Mientras ello sucede, la Fiscalía sigue operando, no está paralizada porque ya hay en Ernestina Godoy una funcionaria encargada que evite vacíos institucionales.

Pero más allá del procedimiento legal que ya se lleva a cabo para designar nuevo fiscal, conviene hacer algunas reflexiones en torno a lo que implica el cambio que se avecina.

En primer lugar, se abre la posibilidad de una renovación de la Fiscalía con un nuevo liderazgo que seguramente aportará nuevas dinámicas, una visión distinta y un impulso para la procuración de justicia.

En mi opinión, esta transición en la Fiscalía representa una excelente oportunidad para reconfigurar prioridades, estructuras y estrategias en la institución. Puede entenderse de esta manera porque la renuncia de Alejandro Gertz abre la puerta a posibles cambios, tanto en su estructura como en su enfoque, a fin de impulsar una renovada visión de procuración de justicia.

En ello, el Senado de la República tiene ante sí una gran responsabilidad, que es la de efectuar un proceso de reemplazo democrático, con criterios técnicos y de respeto institucional. Eso es fundamental para fortalecer a la Fiscalía y revalidar su misión. Y estoy segura de que así será.

Hay en el Senado voluntad política de todas las fracciones parlamentarias para que en el proceso de designación del nuevo fiscal se respeten estándares de independencia, mérito y transparencia. Hacerlo de esta manera servirá para no mermar el funcionamiento real de la Fiscalía, es decir, que no se afecten investigaciones en curso, se supervise adecuadamente el funcionamiento del Ministerio Público y se asegure la coordinación con otras instituciones de seguridad y justicia. Esto es importante porque así se garantiza que la salida de Gertz Manero no sea utilizada como mecanismo de impunidad o evasión de responsabilidades.

En el Senado existe un total convencimiento de que la defensa institucional de la Fiscalía tiene valor solo si quien llegue al cargo protege la independencia, respeta la ley, garantiza transparencia y da continuidad a las investigaciones. Por ello mismo, el procedimiento sigue su curso con absoluta responsabilidad y con la vigilancia de todos los grupos parlamentarios.

Ana Lilia Rivera Rivera

Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala