Esta semana en la agenda mediática detonó el último informe del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), el cual revela que las cuentas públicas de los 106 entes fiscalizables tienen observaciones al no justificar el destino de por lo menos 467 millones de pesos ejercidos en 2022.

Pero sin duda, el caso más bochornoso se da en el Secretaría de Infraestructura (SI), que encabeza Alfonso Sánchez García, quien, obsesionado en conseguir su candidatura al Senado de la República, descuidó su responsabilidad para la cual trabaja y le pagan.

De acuerdo al informe de su cuenta pública del 2022, existe un daño patrimonial, es decir, al dinero del pueblo, por más de 20 millones de pesos por obras inexistentes que justificó con gastos y facturas de empresas fantasmas.

Pero lo peor del asunto es que, según sabemos, en la mayoría de dependencias estatales y organismos públicos descentralizados o desconcentrados, casi todos los directores administrativos son afines a la gobernadora Lorena Cuéllar.

Con ello, la jefa del ejecutivo estatal busca amarrar de las manos y las uñas a sus funcionarios públicos para que no caigan en el deseo de hacer mal uso del presupuesto público, sin embargo, nos dicen, la SI es una de las pocas dependencias donde el Administrativo responde a los intereses y órdenes exclusivamente de la familia Sánchez Anaya.

Con lo anterior, el hijo del ex gobernador no sólo demostraría su nula capacidad como Secretario de estado, pues si con este encargo nomás no ha podido, (sino me creen, pregúnteles a los empresarios del Autotren) ya nos imaginamos lo que haría de ser Senador de la República. ¡Que Dios nos ampare!