Nuestra Constitución es un documento en el que se plasman las ideas y los intereses legítimos de los actores y factores reales de poder y por su puesto de los mexicanos. Ha sido una costumbre que los Titulares del Poder Ejecutivo Federal presenten sendas Iniciativas de Reforma Constitucional, de conformidad con su visión personal, si acaso, de la sugerencia de algún asesor presidencial. Se justifican las reformas señalando que son en beneficio de las Instituciones Democráticas de este país, pero sobre todo, dicen del “pueblo”.

En ese documento fundamental para los mexicanos, en el que se garantizan los derechos, las libertades, el derecho a disentir, la libertad de expresión, la deliberación, el derecho a votar y ser votado, un sistema político funcional, un sistema electoral eficaz, un sistema de partidos sólido, con un diseño constitucional de vanguardia, permitió a los mexicanos transitar de un gobierno homogéneo a un gobierno plural y de alternancia; son algunos de los ejemplos que de manera sistemática se encuentran previstos en este ordenamiento constitucional.

En estos tiempos de turbulencia, oscuridad y poca claridad en el diseño constitucional y de ley secundaria para establecer un Sistema de Elecciones Populares, para elegir a Jueces, Magistrados y Ministros del Poder Judicial Federal; es altamente recomendable revisar una y otra vez las distintas teorías que nos dan luz, sobre temas de diseño del Estado, Tipo de Gobierno y Sistemas Constitucionales que garanticen la eficacia, el desempeño y el rumbo deseado para todos los mexicanos.

Si, la Teoría de Sistemas es sumamente importante para entender porque razón, cual es la naturaleza y en que beneficia a los ciudadanos contar con un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema laboral, un sistema de justicia; entre otros muchos sistemas que se han materializado en nuestra Constitución Federal en beneficio de los mexicanos.

La propuesta del Ejecutivo Federal para elegir Jueces, Magistrados y Ministros de la Corte, se ve como una simple ocurrencia ya que no se plantea el problema fundamental, los orígenes y la causas, que bien pueden ser enlistadas y precisas. Conocemos muchos efectos de la deficiente administración e impartición de justicia; de la falta de profesionalización de muchos servidores adscritos a este Poder; la ausencia de métodos técnicos y científicos para casos de investigación y argumentos contundentes para hacer valer la Ley y así establecer el Estado de Derecho; entre otras muchas causas que han propiciado la falta de credibilidad y legitimidad de los impartidores de justicia.

¿Cómo establecer estrategias y acciones para atacar los orígenes y causas del deterioro constante del Poder Judicial? Desde luego se requiere experiencia y conocimiento científico para diseñar un “Nuevo Poder Judicial”. Sin duda que la propuesta de elegir a Jueces, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte puede resultar interesante para el periodismo, para el análisis académico, para la investigación jurídica, para la docencia, para una posible tesis de licenciatura, maestría o doctorado. Sin duda, es insuficiente la discusión que se plantea desde el Palacio Nacional; la propuesta carece de una visión holística y policéntrica, y no se cuenta con un plan en el que se vea con claridad hacia dónde va la reforma.

En consecuencia, habría que preguntar a los iniciadores de la iniciativa, como resolver el problema del derecho a votar y ser votado establecido en el artículo 35, así como lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Política Federal, como obligación de los mexicanos a desempeñar el cargo por el cual son electos. Negarle la participación de cualquier ciudadano a participar como posible candidato a Juez, Magistrado o Ministro sería una violación a sus derechos constitucionales. Esta afirmación desde luego, no la resuelve ninguna ley secundaria.

En otro orden de ideas, no se indica, en la propuesta, la posibilidad de establecer en la Constitución un nuevo Sistema Electoral para Jueces, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte o bien, si será parte del Sistema Político-Electoral o de Partidos; sin duda, es un reto institucional, normativo, pero sobre todo cultural resolver estos posibles escenarios.

En toda contienda electoral existen aspirantes al poder público por dos vías: por la vía ciudadana o por la vía de un partido político, autoridades electorales o árbitros de la contienda y ciudadanos que ejercen su soberanía para elegir a sus representantes populares. Por cierto, el posible sistema, aun feto, no está clara su viabilidad cuando se contrasta con el Federalismo Mexicano, Representación Popular y Sistema Electoral.

Los requisitos de elegibilidad, los juicios para la protección de los derechos político-electorales; en este caso, elección de Jueces, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte; la autoridad que resolverá, en su caso, delitos, incidentes, impugnaciones; el cumplimiento que garantice la paridad de género, las acciones afirmativas entre otros temas y autoridades, de las cuales no se comentan. Así mismo, el posicionamiento, los actos anticipados de campaña, los gastos de campaña, el uso de recursos públicos, los delitos electorales y la intervención del gobierno federal a favor de un candidato, son temas que aún no se avizoran en el horizonte incierto y gris de un proyecto que no tiene calculo, que carece de dirección, de un diagnóstico claro, de estrategias y acciones puntuales que garanticen la transformación del Poder Judicial Federal.

Lo que se percibe es una autentica improvisación, en la que no se tiene idea de cómo incorporar a nuestra Constitucional Federal un tipo o modelo de sistema que pueda resolver los grandes problemas que se presentan en el Poder Judicial. No es suficiente solo atender una de las posibles causas, de las tantas que existen actualmente, como seria la elección de los operadores del derecho,

No cabe la menor duda, que la acción jurisdiccional es de una necesaria y elevada técnica jurídica, de conformidad con el cargo. Aquí no vale 90% lealtad y 10% conocimientos. El conocimiento científico, técnico y la experiencia probada en temas jurisdiccionales son la carta de presentación ideal para cualquier abogado que aspira a impartir justicia en nuestro país, es decir, requiere demostrar alta formación ética y moral, capacidad jurídica y técnica, pero sobre todo, una formación solida que le permita tener capacidad como operador del derecho y así contribuir al nuevo poder judicial que todos los mexicanos deseamos, exigimos y anhelamos.