Durante décadas, la política laboral en México se construyó de espaldas a quienes sostenían la economía con su trabajo. Se hablaba de crecimiento, pero no de salarios y de productividad, pero no de derechos. Ese modelo no sólo fue injusto, sino insostenible. Por eso, el cambio que vive hoy el país no puede entenderse sin colocar en el centro a las y los trabajadores.

Hoy, el país avanza y lo hace con una convicción clara: el gobierno debe estar al servicio del pueblo. Y en ese pueblo están, en primer lugar, las y los trabajadores. Bajo esa premisa, se han impulsado decisiones que no sólo corrigen inercias del pasado, sino que comienzan a saldar una deuda histórica.

Uno de los ejemplos más claros es la recuperación del salario mínimo. Durante décadas, se normalizó su deterioro, como si fuera inevitable que el ingreso de millones de familias perdiera valor año con año. Hoy, ese paradigma se ha roto. El incremento de 153% en los últimos 8 años es la posibilidad concreta de que las familias vivan con mayor dignidad. En Tlaxcala, esto se traduce en mayor capacidad de consumo en los hogares, en mejores condiciones para la industria local y en un impulso directo a la economía regional.

Pero el cambio no se limita al ingreso. Desde el Poder Legislativo hemos acompañado una agenda profunda de reformas laborales: la eliminación del outsourcing abusivo, la transformación del sistema de pensiones, la consolidación de una justicia laboral más ágil y cercana, y el fortalecimiento de la democracia sindical. Estas medidas no son aisladas, forman parte de una visión que reconoce a las y los trabajadores como sujetos de derechos, no como piezas reemplazables, también en sectores clave de Tlaxcala como el textil, el automotriz y el agrícola.

En esa misma lógica, se han abierto nuevas discusiones que hace apenas unos años parecían impensables. La reducción de la jornada laboral, la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a esquemas de seguridad social, y la protección de jornaleros agrícolas mediante mecanismos de certificación laboral, son pasos que responden a una realidad cambiante, pero también a una exigencia ética.

El derecho a la vivienda también ha sido replanteado. Instituciones como Infonavit y Fovissste han dejado de ser únicamente otorgantes de crédito para asumir un papel más activo en la construcción de soluciones habitacionales. Al mismo tiempo, millones de créditos impagables han sido reestructurados o liquidados, dando un respiro a familias que durante años vivieron atrapadas en deudas injustas, muchas de ellas en municipios de Tlaxcala donde el acceso a vivienda digna había sido limitado.

No puedo dejar de subrayar un avance fundamental, que es la igualdad sustantiva. Establecer en la ley que a trabajo igual corresponde salario igual no es un gesto simbólico, es una obligación moral y jurídica que busca cerrar brechas históricas en perjuicio de las mujeres, también en el ámbito laboral tlaxcalteca.

Sin embargo, sería un error pensar que la tarea está concluida. El desafío es consolidar lo avanzado y no permitir retrocesos. Defender el trabajo digno implica estar atentos a nuevas formas de precarización y a las necesidades específicas de cada sector. El compromiso con las y los trabajadores no está en el discurso, sino en las decisiones que se sostienen en el tiempo, especialmente en estados como Tlaxcala, donde el desarrollo debe ir siempre de la mano de la justicia laboral.

Ana Lilia Rivera Rivera

Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala