Ser senadora de la República implica una profunda responsabilidad con la vida pública del país y con la confianza que la ciudadanía deposita en quienes la representan. La función legislativa tiene un alcance nacional, porque las leyes que se aprueban en el Senado impactan a todo México; sin embargo, esta responsabilidad no puede ejercerse sin memoria ni arraigo. En mi caso, Tlaxcala es el punto de partida desde el cual entiendo la realidad social y participo en las grandes decisiones del país.

A lo largo de estos siete años de trabajo legislativo he sostenido que la tarea central de una senadora no es la realización de obra pública, sino la construcción de leyes justas, útiles y duraderas. Legislar es debatir, consensuar y transformar las demandas sociales en derechos. Pero legislar también exige cercanía con la gente: escuchar sus necesidades y acompañar, desde la gestión, los procesos que permitan que las instituciones cumplan con su responsabilidad.

Desde esa convicción, durante este periodo he recibido cerca de cinco mil solicitudes ciudadanas. Cada una refleja una problemática concreta y una expectativa legítima de atención. Estas solicitudes corresponden principalmente a apoyos de carácter social y a gestiones ante dependencias del gobierno federal. En todos los casos, el compromiso ha sido claro: escuchar, canalizar, dar seguimiento y responder con responsabilidad.

La gestión institucional es una herramienta que permite tender puentes entre la ciudadanía y el Estado. Canalizar una solicitud implica acompañar a las personas en procesos administrativos que, muchas veces, resultan complejos y poco accesibles. En todos los casos, mis acciones buscan atender necesidades urgentes, sin sustituir ni desplazar la obligación del Estado de garantizar derechos de manera universal.

En el ámbito estrictamente legislativo, he participado de manera activa en la presentación, discusión y aprobación de reformas de gran calado social. Entre ellas, destaca la elevación de los programas sociales a rango constitucional, un paso histórico que garantiza que apoyos como las pensiones y las becas no dependan de la voluntad política de un gobierno en turno. Constitucionalizar estos programas significa reconocerlos como derechos y no como favores.

Esta decisión legislativa tiene un objetivo claro: erradicar prácticas de clientelismo electoral que durante años utilizaron despensas, tinacos u otros bienes materiales como mecanismos de condicionamiento del voto. Al establecer los programas sociales en la Constitución Política, se busca que el bienestar de las personas no esté sujeto a presiones políticas ni a intercambios indebidos, sino respaldado por la ley y garantizado por el Estado mexicano.

Como senadora por Tlaxcala, mi trabajo legislativo abarca a todo el país, pero mantiene un anclaje profundo en la tierra que me vio nacer. Tlaxcala es una referencia constante que orienta mis decisiones y prioridades, y desde esa identidad participo en los debates nacionales con la convicción de que fortalecer a México también implica atender las realidades locales.

Legislar no es prometer obras ni repartir recursos; legislar es construir reglas claras, ampliar derechos y sentar bases de justicia social duraderas. Pero también es ejercer una representación cercana, sensible y comprometida con la gente, incluso cuando ello implica asumir posturas firmes.

Mi compromiso con Tlaxcala y con México es permanente. En entrevistas con diversos medios de comunicación he sido enfática, quizá más de lo debido, pero mi convicción es clara: defender a la gente y decir las cosas de frente. Prefiero equivocarme por hablar con pasión que callar ante las injusticias.

Desde el Senado de la República continuaré trabajando para que la ley sea una herramienta de bienestar, dignidad y equidad, siempre al servicio del pueblo y nunca como instrumento de manipulación política.

Ana Lilia Rivera Rivera

Senadora de la República por el Estado de Tlaxcala