Transportistas, concesionarios y usuarios del transporte público denunciaron un presunto abuso de poder, conflicto de intereses y hostigamiento sistemático por parte del presidente municipal de San Luis Teolocholco, Valentín Meléndez Tecuapacho, a quien señalan de utilizar su cargo para afectar a competidores directos y beneficiar una ruta de transporte vinculada a él.

De acuerdo con los denunciantes, que pidieron el anonimato, el alcalde mantiene intereses en la ruta de combis “Teolocholquenses A.C.”, que cubre el trayecto Teolocholco–Zacatelco, misma que es operada también por otras empresas y concesionarios locales. Desde el inicio de su administración —afirman— se ha registrado una persecución constante y selectiva contra unidades "de la competencia", mediante operativos, multas y retiro de vehículos.

Según testimonios respaldados con videos y fotografías, los operadores son detenidos de manera reiterada, sancionados con multas que oscilan entre 2 mil y 5 mil pesos, y en numerosos casos sus unidades son remolcadas con grúa, lo que les genera pérdidas económicas severas. En contraste, aseguran que las unidades presuntamente vinculadas al presidente municipal circulan sin ser sancionadas, aun cuando incurren en "faltas" similares.

“Esto ya no es tránsito ni orden, es acoso. Nos detienen porque somos la competencia”, expresó uno de los concesionarios afectados.

Los denunciantes también mencionaron que elementos de la policía municipal y de tránsito actúan con prepotencia, intimidación y amenazas, argumentando que cumplen órdenes superiores. Acusan que las corporaciones municipales han sido utilizadas como instrumento de presión para proteger intereses privados y no para garantizar el servicio a la ciudadanía.

Ante lo que califican como un conflicto de intereses evidente, transportistas exigieron a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado (SMYT) retirar de inmediato cualquier facultad al presidente municipal en materia de sanciones al transporte público, así como la intervención de autoridades estatales y órganos de control para que se inicie una investigación formal sobre el actuar del edil.

Advirtieron que, de continuar estas prácticas, el conflicto podría escalar y afectar directamente a los usuarios, quienes ya enfrentan menos opciones de transporte debido a las constantes sanciones y la salida forzada de unidades de circulación.

“Un presidente municipal no puede ser juez y parte”, subrayaron los inconformes.

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