Ciudadano denuncia presuntas irregularidades procesales en caso penal que involucra a diputado local
Un ciudadano denunció una serie de presuntas irregularidades procesales y posibles violaciones a sus derechos humanos, ocurridas en el marco de un proceso penal que enfrenta desde agosto de 2023 y en el que señala como parte denunciante al diputado local Miguel Ángel Caballero Yonca.
De acuerdo con el escrito que hizo llegar a Cuarto de Guerra el ciudadano Jorge B. T., el legislador ha utilizado recursos económicos y políticos para amedrentarlo, acusarlo falsamente ante autoridades penales y provocarle afectaciones emocionales, físicas y morales. Refiere que el conflicto se origina por la disputa legal de un predio denominado “Aclactipa” o “Aclactipac”, ubicado en la comunidad de Belén Atzitzimitlán, municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, del cual asegura ser legítimo propietario y haber acreditado dicha condición ante las autoridades correspondientes.
En su testimonio, el denunciante sostiene que, pese a haber presentado pruebas dentro del proceso penal, se habrían registrado actuaciones que considera irregulares, las cuales —afirma— han derivado en un estado de indefensión. Señala que enfrenta acusaciones por los delitos de despojo y robo calificado, radicadas en carpetas de investigación distintas, ambas bajo conocimiento del Juzgado Tercero de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.
Asimismo, expone que durante el desarrollo del proceso se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, decisión que, según su versión, se tomó sin contar con elementos suficientes para acreditar su necesidad.
Añade que dicha situación le generó afectaciones personales y familiares.
En el escrito, el ciudadano también manifiesta su preocupación por lo que considera un uso indebido de influencias y recursos, así como por presuntas afectaciones a su honor y reputación, por lo que solicita que las autoridades encargadas del caso actúen con imparcialidad, objetividad y pleno respeto al debido proceso.
Como parte de sus peticiones, solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que se designe un observador durante el juicio oral programado para el próximo 30 de enero, a las 8:00 horas, en la Sala Cuatro del Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer.
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