Procede amparo de sindicalizada contra nuevo servicio médico del gobierno de Tlaxcala

Procede amparo de sindicalizada contra nuevo servicio médico del gobierno de Tlaxcala
La representación del sindicato 7 de Mayo acusó que, de manera deliberada, esta organización gremial fue dejada al margen por el gobierno de Tlaxcala que se reunió con otras dirigencias sindicales para mediar la controversia originada por el cambio en el esquema de prestaciones de salud para trabajadores al servicio del estado, sentenciado que mantendrán las protestas y movilizaciones hasta que haya una solución el favorable.

Durante una rueda de prensa celebrada esta tarde, Enrique Escobar Cortés y otros miembros del 7 de Mayo dieron a conocer que durante este día se registraron reuniones entre los líderes de la sección 55 del SNTE, así como de los sindicatos Alberto Juárez Blancas, Mártires de 1910, Justo Sierra y la Unión de Jubilados en Casa de Gobierno.

En ese sentido, estimaron que habrían sido dejados al margen de manera intencional. 

Pese al desaire, enfatizaron que el 7 de Mayo se encuentra aún a la cabeza del contrato colectivo con el gobierno estatal, por lo que las demandas y exigencias de dotar de servicios de salud dignos y acordes a las necesidades de los trabajadores no pueden ser ignoradas por la administración local, puntualizando que si bien existe intención de entablar diálogo entre los implicados, no descartan las marchas y protestas de no ser atendidos

Asimismo, aseguraron que en próximos días continuarán las marchas en la capital del estado y la posibilidad de impedir eventos organizados por el gobierno, incluyendo un campeonato deportivo y parte de los festejos previos, tratando de no hacer bloqueos viales para evitar afectar a ciudadanos.

Por otro lado, señalaron que de manera contundente, una trabajadora de base que se encuentra gravemente enferma e incluso postrada en una cama ante la negativa de proveerla de medicamentos, logró un amparo ante la justicia federal. Un juez le otorgó la razón y la protección de sus derechos, obligando al gobierno del estado y en concreto a la Oficialía Mayor a proveer de medicinas y tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, sentando un precedente legal de una cascada de amparos que podrían registrarse en fechas próximas.

De igual forma, advirtieron la posibilidad de  que el gobierno estatal intente girar órdenes de aprehensión en contra de miembros del sindicato a manera de represalia.

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