(Alexis P. González) Lo que debió ser una jornada de estudios de suelo en San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec este miércoles, terminó en un severo zafarrancho que dejó al menos a 15 personas lesionadas. La falta de información sobre el proyecto del "Polo de Economía Circular" fue la chispa que detonó el enfrentamiento entre los habitantes y un fuerte operativo de seguridad estatal y federal.

El conflicto estalló cuando vecinos de la comunidad se percataron de que personal técnico realizaba la toma de muestras en un predio local. Hartos de lo que consideran una imposición, los pobladores intentaron frenar las labores, argumentando que las autoridades jamás les han informado con claridad sobre los dictámenes ambientales ni el alcance real de este proyecto en sus tierras.

Ante la retención de los especialistas, elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional irrumpieron en la comunidad para abrirles paso y concretar su extracción. La maniobra táctica rápidamente subió de tono ya que los uniformados recurrieron al uso de gas lacrimógeno y replegaron a empujones a la multitud que intentaba cerrarles el paso.

Los habitantes estallaron en indignación y denunciaron un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública para disolver una protesta de carácter social. De acuerdo con los testimonios de la comunidad, la lluvia de gas y los golpes alcanzaron a mujeres, menores de edad y adultos mayores, dejando un saldo preliminar de 15 pobladores afectados.

Por su parte, el gobierno estatal justificó el fuerte despliegue policial señalando que era una medida estrictamente necesaria para garantizar la seguridad del personal técnico y el desarrollo de las evaluaciones científicas que definirán la viabilidad del proyecto. Aunque la versión oficial reconoció "momentos de tensión", omitió detallar el nivel de fuerza utilizado contra los civiles.

Para la comunidad de San Pedro Ecatepec, el mensaje fue claro ya que aseguran que no están en contra del desarrollo, sino de la nula transparencia, la falta de una consulta pública y la preferencia del gobierno por usar a los cuerpos antimotines en lugar de establecer mesas de diálogo.

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